Rajoy y la dependencia

Tengo que confesar que todavía sigo sin salir de mi asombro después de haber leído la entrevista de ayer de Mariano Rajoy en El País, en la que declaraba de manera irresponsable que la Ley de Dependencia era inviable.

Ayer dediqué gran parte de la mañana a enviar mensajes en twitter con el estupor que me envolvía y la verdad es que la red devolvía también multitud de mensajes parecidos. Las declaraciones de Rajoy concitaron la poco frecuente unanimidad de asociaciones, empresarios, profesionales, etc.

En una entrevista plagada de esa desesperante ambigüedad y confusión que él mismo reconoce como “marca de la casa”, Rajoy se lanzaba a responder cosas tan inquietantes como la siguiente:

“Lo que hay que hacer es ir haciendo lo que se pueda. Es un objetivo muy loable el de ayudar a aquellas personas que no se pueden valer por sí mismas, pero como le digo podemos tener el modelo de bienestar que nos permitan nuestros ingresos, nuestros recursos y nuestra actividad económica”

Dice que se hará lo que se pueda. Como si la Dependencia (y la autonomía personal, no nos olvidemos), no fuera un derecho subjetivo reconocido por la ley. Como si bastara hacer lo que se pueda con la Educación y la Sanidad. Haga el favor de no ser frívolo, señor Rajoy; con los servicios esenciales no se juega. Son muchas las personas dependientes que reciben ya servicios o ayudas económicas de la Ley y muchas más las que esperan hacerlo. Y no se trata de un lujo prescindible en tiempos de crisis.

Lo preocupante es que mucho de esto suena a la música anticuada del PP. O sea que la dependencia es muy loable (¿cosa de monjitas o de ONGs?), pero no estamos para estos dispendios consecuencia de Zapatero… O a lo mejor es que prefiere esa concepción de los servicios sociales como beneficencia por la que desgraciadamente se deslizan algunos dirigentes del PP.

Siempre nos hemos quejado amargamente de cómo era posible que el PP madrileño se comportara de la manera que lo hacía con una ley que contó con su voto en las Cortes Generales pero que siempre daba la impresión de no considerar totalmente suya. Lo que nos faltaba es que al gobierno nacional llegara una conclusión similar. Por favor, mírense mejor en el espejo de Castilla y León que en el de la Comunidad de Madrid.

Lo cierto es que el discurso de la escasa financiación de la ley (que siempre hemos apoyado), se puede quedar tocado ahora que si todo ocurre como parece que va a ocurrir, el PP ocupa casi todos los niveles de poder territorial. Ya no vale echar la culpa a Zapatero por la poca financiación y posiblemente por eso quieran hacer algo.

No debemos olvidarnos, por otro lado, de la capacidad de creación de empleo de una ley como ésta, que no es nada desdeñable en un país con un 21% de paro, porque además se trata de un empleo sostenible, y tanto público como privado.

Y para terminar, no nos venga con la utilización de criterios de austeridad para justificar recortes en Dependencia. Su coste anual en toda España es similar a la deuda del Ayuntamiento de Madrid o con las inversiones realizadas en el aeropuerto de Ciudad Real se pagaría la dependencia madrileña durante un año.

Además, si su planteamiento fuera serio, podría plantearse la priorización de los casos más graves, la modificación de los criterios de pago ya existentes, etc. Todo antes que un recorte indiscriminado e injusto

Haga el favor de mejorar la eficiencia de la administración, elimine duplicidades que nos cuestan varias dependencias al año, acometa de una vez por todas la eliminación del fraude fiscal, no se embarque en inversiones disparatadas y deje a los dependientes en paz. Sea serio, señor Rajoy.
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Comisión de discapacidad: Accesibilidad universal

Como prometía ayer, en la entrada de hoy incluyo mi segunda intervención durante la Comisión de ayer; en este caso, en contestación a la comparecencia del Consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, para hablar de accesibilidad universal.
Gracias señor Presidente. Buenos días señor Consejero. Quiero comenzarle felicitándole porque haya elegido como materia de su intervención la incorporación de la accesibilidad universal a sus políticas.

Para nuestro grupo, la Accesibilidad es una de las prioridades en materia de discapacidad y además uno de los capítulos en los que consideramos deberían enfocarse los trabajos de esta Comisión.

Como recogen diferentes Diarios de Sesiones de esta Comisión, la accesibilidad universal es el cimiento sobre el que se construye la integración, la normalización, la no discriminación y la igualdad. La existencia de unas políticas de accesibilidad adecuadas es absolutamente necesaria en una sociedad que se pretende integradora. Se trata de un mínimo que debemos cumplir. Sobre la accesibilidad se construye la garantía de que todas las personas puedan acceder en igualdad de derechos y que puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida.

Me ha sorprendido que anunciara pero que no pusiera una fecha al III Plan de Acción para personas con discapacidad. Nos ha decepcionado que continúe con esa displicencia hacia un III Plan de Discapacidad que mi grupo considera imprescindible para seguir mejorando en la discapacidad. A lo mejor es que considera que el hecho de existir un Plan le parece demasiado dirigista y no cuadra demasiado con ese mantra que tanto repiten de la libertad de elección. Por el contrario, nosotros somos firmes defensores de que se establezcan objetivos, se expliciten, se midan y sirvan de guía a todos para llegar al sitio al que estoy seguro que todos los grupos presentes en esta comisión queremos llegar. Planificar a donde queremos llegar es la única manera que conozco de llegar al sitio deseado; si no lo hacemos, correremos el riesgo de llegar al sitio al que no queríamos llegar. Y también le recuerdo, que gobiernos anteriores de su partido han trabajado con Planes de Acción y creo que no les ha ido del todo mal.

Y es que además, este III Plan contempla la accesibilidad de manera transversal a toda la discapacidad, que es la manera que entendemos correcta de mejorar la accesibilidad y la discapacidad.

En mi exposición me centraré en 4 grandes apartados, que son los siguientes: Legislación, Régimen sancionador, Transporte y Movilidad y Vivienda.

La accesibilidad es en muchos casos competencia municipal y se produce en algunos casos contradicciones entre la normativa autonómica y la estatal, que es más restrictiva y fue quien introdujo la disonancia. Esto ha llevado a que distintos ayuntamientos se amparen en una u otra y según nos han informado eso se va a solucionar cuando se modifique la normativa estatal.

Para una mejor coordinación de los distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, una podría puede ser la que propuso Javier Font, Presidente del CERMI Madrid en esta misma comisión: el “impulso de un acuerdo con la Federación Madrileña de Municipios para mejorar la coordinación territorial en la Comunidad de Madrid, a fin de aplicar todos aquellos acuerdos que se adapten a los distintos órganos colegiados operativos en el Gobierno regional y a los que los representantes de la Federación Madrileña de Municipios deben acudir para actuar con responsabilidad”.

Relacionado directamente con la legislación, también dedicaré unas palabras al régimen sancionador. Y es que si no somos capaces de vigilar la ejecución de las normas, no vamos a ningún sitio. Puede sonar muy rigorista, pero nosotros pensamos que es muy difícil que haya accesibilidad mientras no se produzcan sanciones a los incumplimientos que se produzcan. Sobre todo cuando, además, las sanciones están diseñadas con un carácter finalista y van orientadas a la financiación de la accesibilidad.

Y es que según ha denunciado de forma reiterada el CERMI, no ha habido ni una sola sanción por parte del Consejo de Barreras de la Comunidad de Madrid desde la publicación de la ley de Promoción de Accesibilidad y Supresión de Barreras arquitectónicas, en el año 1993. Es cierto que se tardaron 14 años en redactar el reglamento, pero sigue sin haber una sola denuncia desde el propio órgano colegiado ni desde la Dirección General de la Vivienda, que es quien tiene las competencias en esta materia. También nos ha llegado la información que, además, durante este año 2011, la labor de coordinación está absolutamente paralizada, lo que ha ocasionado que no se haya tramitado ningún expediente en la Dirección General. Ninguno, señor Consejero. Con anterioridad, las denuncias servían, por lo menos, para resolver la situación que provocaba la denuncia, aunque no conllevaran sanción económica. Ahora los expedientes nos comentan que están paralizados. Nos gustaría saber si esto es cierto, si usted Señor Victoria conoce esta situación y si tiene previsto tomar alguna medida al respecto

En el área de transporte, tenemos que reconocer que se han realizado avances notables en la Comunidad de Madrid. La EMT es un ejemplo modélico de cómo se deben hacer las cosas en materia de accesibilidad en el transporte. Los autobuses interurbanos, sin embargo tienen un camino importante de mejora.

En el Metro se ha avanzado también de manera notable, pero todavía quedan muchas estaciones por remodelar y por incluir ascensores en las mismas. Somos conscientes del coste que suponen en estos tiempos de crisis económica cualquier intervención en este sentido pero también queremos llamar la atención de que actuaciones nuevas (como por ejemplo Sol) no cumplen totalmente la accesibilidad (una de las líneas no tiene ascensor en uno de los andenes), cuando hubiera sido relativamente sencillo haberlo realizado. Asimismo nos gustaría destacar el esfuerzo que debería ponerse desde la dirección de Metro en conseguir que los tiempos de reparación de los ascensores fueran mucho menores, porque para un discapacitado, que no funcione un ascensor no es una incomodidad, supone simple y llanamente la imposibilidad de acceder a un destino.

Un asunto reiterativo y que consideramos grave es la inexistencia de una tarjeta de aparcamiento común en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo es posible que una tarjeta sirva para Madrid y no para otra localidad de la Comunidad autónoma? La solución nos parece sencilla: la incorporación de todos los municipios al registro de tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida.

Finalmente, querríamos incidir en un asunto polémico y sobre el que mi partido ya ha expresado nuestra postura en el ayuntamiento de Madrid. Me refiero a los carriles bici que están proliferando (lo cual nos parece muy bien) pero que lo están haciendo dentro de las aceras y no en las calzadas (donde deberían estar). Sé que es competencia municipal pero desde la Comunidad de Madrid se debería decir algo al respecto. Estos carriles están provocando problemas de seguridad, sobre todo a personas mayores y personas con problemas de visión, por lo que es necesario replantearse su instalación. Además, el propio colectivo de ciclistas no está satisfecho tampoco con estos carriles, como lo hemos podido comprobar en la nueva instalación de Madrid-Río.

Consideramos que el Gobierno de la región debería potenciar el control de las obras de remodelación y nueva construcción que, con respecto a la eliminación de barreras con carácter universal, debe ser aplicado. En este sentido me gustaría destacar algunos casos, que no deberían haberse producido, como el Eje Prado Recoletos o Madrid Río, donde el espacio público recientemente creado o remodelado se ha convertido en un recorrido intransitable para personas en silla de ruedas.

En lo que se refiere a vivienda, consideramos que debería estudiarse como una buena práctica a aplicar en la Comunidad de Madrid, el Decreto 55/2009 de 7 de abril de la Generalitat de Cataluña, que establece que toda vivienda de uso privado nueva sea accesible, ya que considera, creemos que acertadamente, que todos podemos ser en algún momento de nuestras vidas personas con discapacidad. Creemos que esa es la filosofía acertada. La discapacidad es un problema de todos.

Consideramos necesario además que haya una lista única de demandantes de vivienda en toda la Comunidad de Madrid para personas con discapacidad. Nos dicen que no hay demanda, pero en nuestra opinión lo que sucede es que está mal gestionada. También consideramos que habría que avanzar en regímenes que faciliten la permuta de viviendas y que hasta ahora solo funciona en algunos municipios como Alcorcón. Y es que las personas con vivienda en propiedad no pueden acceder a viviendas de protección. Asimismo es necesario revisar las ayudas destinadas a la adaptación de viviendas, reduciendo los trámites necesarios.

Finalmente me gustaría hacer referencia al proceso electoral que vamos a vivir el próximo 20N. Por un lado consideramos imprescindible que los programas de los partidos políticos sean lo más accesibles para todos y por eso, el de mi partido está ya disponible también en formato de fácil lectura y MP3. Para ello hemos contado con la colaboración de FEAPS. Creemos que es una buena práctica, que debería extenderse al resto de partidos políticos. Y por otro lado, otro asunto fundamental es la accesibilidad a los colegios electorales, en donde se ha avanzado mucho pero es necesario hacerlo más. Y todos deberíamos estar vigilantes.

Termino señor Consejero y señorías. Muchas gracias
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Comisión de Discapacidad: Síndrome de Down

En la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad de la Asamblea de Madrid, he realizado dos intervención en el día de hoy. La primera en contestación a la Comparecencia de la Fundación Síndrome de Down de Madrid y la segunda en contestación a la Comparecencia del Consejero de Asuntos Sociales en relación a la accesibilidad universal. Os copio hoy el texto de la primera y la segunda la publicaré mañana.  
Gracias señor Presidente. Buenos días a todos, señorías. En primer lugar quiero dar la bienvenida a la señora Rodriguez-López y agradecerle su intervención, que ha resultado muy interesante y muy clarificadora acerca de la actividad que desarrolla su Fundación. Asimismo me gustaría saludar a Presidenta de la Fundación que la acompaña.

Es un placer contar con su presencia en esta comisión. Su Fundación es un ejemplo para todos. Enhorabuena.

Para documentarnos sobre esta comparecencia hemos comenzado visitando su página web que es muy completa y seguro que supone una vía de información inicial magnífica para las personas que quieran informarse acerca del síndrome de down. Nos identificamos mucho con un párrafo con el que concluyen la explicación sucinta de lo que es el síndrome de down:

“Las personas con síndrome de Down tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier ser humano, de acuerdo con sus necesidades y posibilidades, y nunca deben ser discriminadas por el hecho de tener el síndrome de Down”. Lo compartimos totalmente

Asimismo, mi grupo ha visitado una Fundación que gestiona centros ocupacionales y especiales de empleo para discapacitados intelectuales (porque es un tema que nos preocupa especialmente) y hemos hablado con padres con hijos con síndrome de down.

Creemos que una atención adecuada desde el mismo momento del nacimiento (lo que significa intervención temprana, servicios educativos y asistencia médica adecuada), puede conseguir adultos con síndrome de down que gocen de una aceptable autonomía en su vida ordinaria.

También hemos leído con mucho interés el II Plan de Acción para personas con síndrome de Down en España (2009-2013) que publica la Federación Española de Síndrome de Down. Estamos muy de acuerdo con los principios que deben guiar cualquier plan de acción sobre la discapacidad intelectual en general, que no son otros que los principios de dignidad, diversidad, igualdad de oportunidades y participación. Y por supuesto, reservando a la familia un papel fundamental en todo el proceso.

Me gustaría compartir una reflexión sobre un aspecto que es muy importante para UPyD en todos los ámbitos y por supuesto también en el Síndrome de Down, que no es otro que la equidad territorial.

El Síndrome de Down es igual en todo el mundo y en todas las razas. Hay un cromosoma de más en el par 21. Eso no varía nunca. En España, la atención a los niños que nacen con 47 cromosomas es una auténtica locura. La discriminación ya comienza con el lugar de nacimiento. Es increíble que según sea el lugar de residencia, los recursos disponibles sean tan diferentes. Todos viviendo en el mismo país. Todos siendo ciudadanos de pleno derecho.

Y es que voy a leer no el programa de Unión Progreso y Democracia, sino el apartado de Equidad Territorial del citado II Plan de Acción de la Federación Española de Síndrome de Down, en el que dice. Leo textualmente: “los derechos de la persona con síndrome de Down y los de su familia son inherentes a ellas mismas, independientemente de su lugar de residencia. Las diferencias de desarrollo y nivel de vida en función del territorio suponen un factor añadido de discriminación”.

Aunque estemos en la Comunidad de Madrid, deberíamos escuchar más las llamadas de atención que realizan los expertos acerca de las diferentes quiebras que se producen en la igualdad de derechos de las personas y de qué manera podemos darles solución.

En mi exposición me centraré en tres áreas que preocupan especialmente a mi grupo, y que son: Educación, Ocio y Empleo.

Esto no significa que otras áreas como la atención temprana, los programas de apoyo al entorno familiar, el envejecimiento, las relaciones afectivas y la sexualidad, la sanidad, la vivienda, etc., nos parezcan menos importantes; pero el tiempo de la intervención es limitado y trataré de profundizar un poco en las tres áreas mencionadas.

Comenzaré por la Educación. Actualmente, la mayoría de las personas con síndrome de Down está escolarizada en Centros Educativos Ordinarios. Esto origina un énfasis en la educación inclusiva, destinando sus actuaciones al apoyo escolar, el refuerzo educativo, las adaptaciones curriculares y al seguimiento específico en el Centro Ordinario.

Podemos decir que la educación inclusiva se está consolidando y según los expertos, en el futuro va a ser el modelo educativo imperante. Existen dificultades para encontrar colegios de integración, en los que se adapten los contenidos y el currículo escolar a estas personas. Si a eso se le suman las dificultades de integración con los compañeros, ya que en ocasiones discriminan a aquéllos con síndrome de Down, tenemos como resultado una difícil integración en espacios normalizados desde la infancia. Y yo diría que un rechazo por parte de las familias.

Pero no sólo la integración ha de darse en la educación primaria; un foco de preocupación, sobre todo para los familiares, es el de la adaptación a la educación secundaria, al instituto. Los cambios que implica el paso a un centro educativo en el que el menor con síndrome de Down se maneja con cierta soltura, tanto con profesores como con compañeros, a un lugar donde todo es nuevo y tiene que empezar de cero, provocan inquietud tanto a los propios menores como a sus familiares. El apoyo y mediación profesional a los alumnos para afrontar esa transición es clave.

Nos gustaría conocer su opinión sobre la dicotomía educación inclusiva o educación especial, si es que existe. Porque lo cierto es que muchos padres nos han comentado que la integración en un colegio ordinario está muy bien para familiarizarse con los demás compañeros de clase, hacer amigos y amistades pero también hay muchos casos de situaciones de marginación. Los apoyos de los centros educativos son en muchos casos insuficientes y asimismo nos comentan que lo que está bien para la educación infantil o la educación primaria, no lo es tanto en los siguientes tramos, donde se producen los problemas anteriormente mencionados. Estamos muy interesados en conocer cuál es su opinión sobre este asunto.

En segundo lugar, me referiré al Ocio. La Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad (2006) establece en su artículo 30 el derecho a la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. Parece obvio destacar pero es que también las personas con discapacidad intelectual tienen necesidades de ocio. Y también que son diferentes las necesidades según las edades de los participantes, tanto en contenido de la actividad de ocio como en la manera de organizarla.

La participación de los niños y jóvenes con síndrome de Down en las redes sociales de su comunidad, se lleva a cabo, en gran medida, a través de los servicios de ocio comunitario, gestionados por diferentes instituciones, fundaciones y asociaciones.

Junto con las asociaciones anteriormente citadas, las personas con síndrome de Down participan en actividades de ocio integrado organizadas por diversas instituciones tales como parroquias, ayuntamientos, juntas municipales de distrito, grupos de boy-scouts, etc.

Nos gustaría conocer cuál es su opinión acerca del papel que desempeñan en la actualidad las administraciones madrileñas en el ocio infantil y juvenil de las personas con síndrome de down y en su opinión si podrían ejercer un papel más activo y cómo.

En tercer lugar nos gustaría destacar el aspecto del Empleo porque es junto a la Educación la mejor vía que tenemos las personas para integrarnos socialmente y para realizarnos como individuos.

Usted ha destacado el Proyecto Stella, que realiza su Fundación desde el año 1995 y que goza de un amplio prestigio en el entorno empresarial. Tanto el elevado número de trabajadores del Programa como de empresas participantes son la mejor muestra del trabajo que realizan.

Pero una vez dicho esto, también me gustaría destacar la realidad a la que se enfrentan los discapacitados intelectuales en general. En primer lugar consideramos fundamental el simple cumplimiento de la ley. Somos un país muy propicio a producir leyes magníficas y, a la vez, no cumplir las leyes existentes.

Ya la LISMI estableció hace casi 30 años una cuota reservada del 2% en favor de trabajadores con discapacidad en empresas públicas y privadas con 50 o más trabajadores.

Esto no se está cumpliendo. Ni siquiera las medidas alternativas de empleo, como los contratos con Centros Especiales de Empleo, las donaciones y acciones de patrimonio para el desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación de empleo de personas con discapacidad o la constitución de enclaves laborales.

Y esto no se cumple en las empresas privadas pero sorprendentemente tampoco en las distintas administraciones públicas.

Para conseguir su cumplimiento es necesario, por un lado, reforzar los medios de la Inspección de trabajo, endurecer las sanciones (no puede ser que sea más rentable incumplir la ley, como responden algunos empresarios) y conseguir la sensibilización de las empresas para que incorporen a personas con esta discapacidad. No es de recibo que un porcentaje de paro del 90% entre los discapacitados nos deje indiferentes.

Y si esta situación es grave con la discapacidad en general, lo es más con la discapacidad intelectual, donde la falta de una cultura inclusiva se añade al desconocimiento de lo que un discapacitado intelectual puede aportar a sus empresas. Debemos trabajar entre todos en la resolución de un problema que muestra una cara bastante desagradable de nuestra sociedad y que no nos deja en demasiado buen lugar.
Termino señora Rodríguez-López y señora Barón, ofreciéndoles la colaboración de mi grupo para cualquier cosa que necesiten y que contribuya a mejorar la situación de las personas con síndrome de down en España. Eso sí, como dice una simpatizante de UPyD y madre de una maravillosa niña con síndrome de down, Teresa, de 4 años, actuando con “comprensión pero sin compasión”. Muchas gracias.
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Vuelta a las andadas

Al revisar los datos del SAAD de este mes, me ha vuelto a entrar el escalofrío de la desazón. Los datos del último mes son catastróficos y evidencian un parón en la Dependencia madrileña. Como siempre, un mes no marca la tendencia pero unido al mes anterior, a la situación de la economía y a los recortes que se avecinan después del 20N, no presagian nada bueno. Espero equivocarme.

Los datos son los correspondientes al mes de octubre que publica hoy el Imserso a fecha 1 de noviembre de 2011. Como siempre, podéis ver los datos de todas las CCAA directamente en este enlace del Imserso.

Si el mes pasado señalábamos: “Ya os adelanto que las señales son muy preocupantes. Y es que la mejoría de los últimos meses está en franca depresión y no parece avanzar nada bueno”; hoy la cosa se torna dramática. El análisis más detallado es el siguiente:

Las solicitudes han aumentado más que el mes anterior (+4.022) hasta alcanzar un total de 142.829. Lo que las convierte en el único dato positivo. En cuanto a los dictámenes de beneficiarios con derecho a prestación, han crecido mucho menos (+318), para alcanzar los 92.264.

En lo que se refiere al número de personas beneficiarias con prestación reconocida, han decrecido (-16), hasta la cifra de 76.728, que se reparte de la siguiente manera:

– Prevención, Dependencia y promoción Autonomía Personal: -61


– Teleasistencia: -49


– Ayuda Domicilio: +256


– Centros de Día: +209


– Residencias: -245


– Prestación vinculada al servicio: -42


– Prestación por cuidados familiares: -17


– Asistente Personal: +0

La atención residencial continúa su retroceso imparable. Como sigamos así, Madrid dejará de ser líder en detrimento de Andalucía. Lo más preocupante es que estamos a niveles de plazas residenciales de principios de año y en los últimos 8 meses no han hecho más que decrecer.

El resto de prestaciones presenta resultados similares, excepto la Ayuda a Domicilio y los Centros de Día

Madrid sigue en el mismo puesto en el ranking de los más torpes: 5ª por la cola. El porcentaje de atendidos en Madrid por población es ahora de 1,19 (igual que el mes anterior), mientras que la media nacional es de 1,58 (el mes anterior fue 1,57). O sea, que todo sigue más o menos igual.
Estaremos muy atentos a la pantalla… 
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Los plazos inhumanos de Dependencia

Tengo que confesar que empiezo esta entrada con un poco de mala conciencia por tener algo abandonado este blog. La verdad es que los frentes han aumentado y no le puedo dedicar el tiempo que me gustaría. Y no digo más y voy al grano, que me enseñaron también que hay que dejarse de excusas

Hoy he leído en El Mundo (no os pongo el enlace porque está en Orbyt y lo podeis encontrar fácilmente en la edición en papel, página 55 de Madrid), un estupendo reportaje firmado por Marta Bellver, donde se nos cuenta la historia de Alejandro Díaz, un solicitante de dependencia en Madrid al que le comunicaron que había conseguido plaza de residencia cuando ya había fallecido.

La historia es la clásica, solicitante en enero de 2009 y enfermo de parkinson, que solicita la prestación. Lo curioso es que no le reconocieron la dependencia más alta en marzo del 2010 (cuando le realizaron la valoración), lo que sin duda significa que su estado se deterioró sin que los Servicios Sociales de la Comunidad se enteraran.

El resto de la historia es la de siempre. Según un portavoz de la Consejería de Servicios Sociales su caso era “particular” (como todos, a ver si se enteran de una santa vez, que estamos hablando de personas…) y que “su expediente se tramitó de manera más ágil en la administración autonómica de lo que denuncia la familia”. Resumiendo, que nunca pasa esto y que si se ha retrasado no ha sido por culpa suya. Lo único que ha faltado para cerrar el bucle es decir que la culpa la ha tenido el solicitante… Aprovecho para enviarle un abrazo a Teresa, su hija.

Cuando le recordamos al Consejero que los plazos eternos son intolerables, la respuesta siempre es que hacen lo que pueden y que esos casos de los que hablamos, son los menos.

Yo siempre les recuerdo que el 50% de los solicitantes tienen más de 80 años y por lo tanto están sobrados de años y achaques, pero no de tiempo. Y que si tardan 2 años de media y la esperanza de vida está en 82 años, lo más probable es que esos casos “tan particulares” de los que hablamos sean demasiado comunes. Es decir, que se mueran esperando…

Y la consecuencia es como si oyera llover, a pesar de lo que nos recuerda el mismo reportaje. Y es que el BOCM del 13 de Enero de 2011, publicó una lista con más de 3.500 nombres de personas fallecidas antes de que concluyera el proceso de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a prestaciones. Entre ellos hay personas que solicitaron la prestación hacía 4 años. Aquí lo podéis comprobar.

Una inmoralidad.
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Sobre apoyos a familias con dificultades económicas

Ayer concluí con las Comisiones del mes de octubre. Realicé dos intervenciones, una en contestación a una comparecencia del Consejero de Servicios Sociales, Salvador Victoria, y relacionada con las ayudas existentes para personas con dificultades económicas (que os copio más abajo) y otra con el nuevo Reglamento de Extranjería y su aplicación en la Comunidad de Madrid, en contestación al Viceconsejero de Inmigración, Gabriel Fernández Rojas. Durante los próximos días haremos un repaso a la Dependencia en el blog.
Gracias señor Presidente. Buenos días a todos, señorías. En primer lugar quiero saludar al señor Consejero y comentarle que valoro mucho que asista usted hoy a petición suya y empiece cumpliendo la promesa que realizó en la sesión conjunta del pasado septiembre de comparecer a menudo en Comisión.

Hoy nos ha hablado de los apoyos que presta el Gobierno de la Comunidad a las familias con más dificultades económicas en nuestra región y ha resaltado que es una preocupación de su Gobierno. Asimismo nos ha dado una explicación detallada sobre los apoyos existentes, con muchas cifras que tendremos que digerir y que le agradecemos especialmente, aunque ya dedicó un espacio importante de su comparecencia inicial a hablarnos de este asunto.

Compartimos con usted que las políticas sociales son por naturaleza transversales y son factores muy diversos los que influyen en la producción de un efecto que nosotros no deseamos: la desigualdad social. La salud, la violencia, el acceso a la vivienda, la educación, etc. son factores que influyen de manera muy importante en la desigualdad.

Y es que, señorías, las desigualdades sociales en nuestra Comunidad han crecido en los últimos años de manera alarmante.

Los datos que el Informe FOESSA publicó en otoño del 2008, ya destacaban la singularidad de la Comunidad de Madrid en el conjunto de las comunidades autónomas españolas. La crisis no ha venido más que agudizar esa situación. Y es que teniendo un índice medio de pobreza moderada (inferior en cualquier caso a la media nacional) y ser una de las regiones con mayor renta media de España, presenta altos índices de desigualdad social si la comparamos con el resto de Comunidades Autónomas.

El modelo de desarrollo social de la Comunidad de Madrid es un modelo extremo: una muy alta pobreza extrema y mucho mayor nivel de vida que el resto del país, pero mucho peor distribuido que la mayoría de las comunidades autónomas

El gobierno regional tiene que reflexionar si además del esfuerzo presupuestario destinado a hacer frente a situaciones de exclusión social, que reconocemos que realiza, sus políticas contribuyen a aumentar o reducir la desigualdad social en nuestra Comunidad. Nosotros creemos que las aumenta.

En relación a la Renta Mínima de Inserción, consideramos que sus objetivos se cumplen solo en parte. Estamos de acuerdo en considerar que la Ley 15/2001 de Renta mínima de inserción de la Comunidad de Madrid es una ley positiva que supuso un gran avance al incrementar la cuantía de la prestación económica y ampliar el nivel de cobertura de la protección, pero sobre todo porque elevó a derecho subjetivo tanto la prestación económica como la protección social, además, un derecho subjetivo a percibir esta renta.

Y es que esta ley reconoce, junto a un nivel de ingresos mínimos, la recepción de apoyos personalizados para la inserción laboral y social y una atención prioritaria en el acceso a medidas de empleo y formación ocupacional, salud, compensación educativa, educación y vivienda.

En estos momentos, usted ha destacado que serán casi 17.000 a final de año las personas perceptoras del RMI (Renta mínima de inserción) y que se la conceden a todas las personas que así la solicitan. Nosotros le creemos, pero también conocemos que el procedimiento es excesivamente largo y se están produciendo unos increíbles retrasos que perjudican la efectividad de un recurso que por naturaleza debe ser rápido y sencillo. Un plazo que debería ser de 3 meses en muchos casos se convierte en un peregrinaje continúo por las oficinas de servicios sociales, lo que convierte los plazos reales en superiores a 10 meses.

En una comparecencia de la Directora General de Servicios Sociales en esta Comisión a principios de este año, comentó que se estaba introduciendo una nueva aplicación informática que permitiera que los ayuntamientos trabajaran directamente con estas solicitudes, lo que redundaría en una mayor agilidad. Queremos saber dónde estamos con este tema y qué medidas piensan tomar para agilizar estos expedientes

Los perceptores del RMI han aumentado en los últimos años (lo cual no nos sorprende), igual que el presupuesto dedicado a este tema. Nos sorprende que el número de perceptores sea el que es, porque representa un porcentaje muy pequeño de las personas que tienen necesidades (no me atrevo a dar un porcentaje pero algunos expertos hablan de aproximadamente un 3,5%), pero suponemos que son los que son y lo único que podemos hacer es realizar un esfuerzo adicional para que esta prestación sea más conocida y llegue a más personas que lo solicitan. Asimismo, nos preocupa que como consecuencia de la crisis económica los requisitos de acceso se puedan endurecer.

Aprovecho para comentar la posición de nuestro partido en relación al RMI. Las cantidades son muy diferentes en función de la Comunidad Autónoma de residencia. Por eso apostamos por homogeneizar las rentas mínimas de inserción de las Comunidades autónomas, que implican en la actualidad una importante discriminación entre los ciudadanos españoles por sus diferentes requisitos y cuantías. Proponemos la suma de esfuerzos entre la administración central y las autonómicas con rentas de inserción en dos fases: una primera activa (estatal) y una segunda mínima (autonómica). El Estado coordinará a las Comunidades para que los requisitos de admisión, la duración y la cuantía sean similares en toda España

Se nos olvida muchas veces resaltar adecuadamente la importancia que tiene dentro del RMI un segundo objetivo, que es el derecho a apoyos personalizados para la inserción laboral y social. De hecho, la Ley reserva un título completo a estas Medidas de inserción.

Los proyectos de integración son una de las medidas fundamentales establecidas en la ley del RMI y pretenden hacer efectivo el derecho a los apoyos personalizados para la inserción, desde un concepto transversal y participativo, que permitan una más rápida y eficaz integración social. Están promovidos por organizaciones sociales y se destinan a suplir carencias, mejorar hábitos diarios y procurar una formación adecuada para el acceso al empleo.

Tengo que decirle, señor Consejero que consideramos que este segundo objetivo se está llevando a cabo. Usted ha comentado el número de proyectos, 67 en 2010 y 2011; número de personas participantes (3.528) y número de inserciones laborales que están participando (un 35). El objetivo último (inserción laboral) no se está cumpliendo satisfactoriamente (en parte por la propia situación económica) y nos gustaría saber si comparte nuestra visión y si desde el ejecutivo están pensando qué medidas es necesario tomar en este sentido.

En relación a los Planes de integración y como consecuencia de que los recursos adecuados muchas veces se encuentran alejados del lugar de residencia del solicitante, es por lo que mi grupo ha presentado recientemente una propuesta que suponga una reducción en el precio del abono transporte.

Finalmente y todavía relacionado con el RMI, nos gustaría que nos ampliara la información acerca de los cambios en los perfiles del solicitante de la prestación. Nos comentan en los servicios municipales, que el demandante ya no es el clásico demandante de servicios sociales, con baja formación y escasa cualificación y cada vez lo demandan personas con perfil formativo más alto, que sobre todo demandan la percepción económica. ¿Ha supuesto este nuevo perfil algún cambio en la manera de diseñar los planes de integración? ¿Es necesario hacerlo? Son preguntas que mi grupo se hace.

Asimismo y para terminar, nos gustaría conocer en detalle los planes de su Consejería con la situación de los barrios de exclusión extrema y especialmente en la Cañada Real, que es el rostro más llamativo de la exclusión social en la Comunidad de Madrid. ¿Hemos avanzado algo en el último año?
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Mi primera intervención en el Pleno: Informe del Defensor del Menor

Esta semana ha sido muy especial porque a mi intervención en Comisión, he añadido mi primera intervención en el Pleno de la Asamblea. En este caso en contestación a la Comparecencia del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. Se trata de una comparecencia que realiza el Defensor todos los años en los que presenta a la Cámara el informe anual del año anterior. Se trata de una información muy completa y que se contiene en un volumen de casi 500 páginas que está disponible aquí.

Os pongo el enlace a la grabación completa de la sesión, que ya os adelanto que duró casi 9 horas, hasta las 12:40 de la noche. La mía la encontrareis sobre las 11 de la noche… Cosas que tiene la vida parlamentaria madrileña.

Espero poder retomar las entradas habituales pero creo que es también importante que en el blog vayan apareciendo mis intervenciones en Comisiones y Plenos

Gracias señor Presidente. Buenas noches señorías. En primer lugar quiero saludar al señor Canalda, a quien no he tenido ocasión de saludar hasta hoy y con el que espero trabajar provechosamente en bien del menor en la Comunidad de Madrid, al menos el tiempo que le resta como Defensor.

Estoy convencido de que encontrará en nuestro grupo de UPyD toda la colaboración y apoyo para la importante labor que realiza la institución que usted dirige.

Asimismo, me gustaría saludar al equipo del Defensor del Menor porque estoy seguro que detrás del trabajo de esta institución está el esfuerzo conjunto de un gran número de profesionales que contribuyen a salvaguardar y promover los derechos de las personas menores de la Comunidad de Madrid, tal y como establece la Ley del Defensor del Menor.

Para documentarnos sobre esta comparecencia hemos revisado las de años anteriores, así como las intervenciones de los distintos grupos, y lo primero que me gustaría comentar es mi sorpresa que en lo formal, no haya cambiado nada. A pesar de todas las quejas que recogen de manera sistemática diferentes diarios de sesiones, esta comparecencia sigue teniendo lugar a una hora que no invita demasiado a la reflexión y a la escucha y que paradójicamente tiene lugar fuera del horario infantil. Sé que en esta ocasión se ha adelantado un poco en el orden del día, pero aun así se realiza pasadas las diez de la noche, que es aproximadamente la misma hora en la que se realizó el año pasado, según he podido comprobar en el diario de sesiones.

No sé el resto de los grupos políticos, pero nosotros no hemos tenido el tiempo suficiente para estudiar como merece un informe de esta transcendencia. Aun así, hemos analizado cuidadosamente el informe anual de 2010 y escuchado atentamente la exposición previa del Defensor del Menor y compartiremos con todos ustedes, Defensor y señorías, nuestras conclusiones y algunas preocupaciones.

Consideramos que el informe anual es muy completo y abarca muchos ámbitos, todos ellos relevantes para los menores. Le felicitamos, ya que se trata de una excelente carta de presentación del trabajo que realizan en su institución.

Dada la magnitud del informe, de casi 500 páginas y muy detallado, el propósito de mi intervención de hoy será cubrir tan solo cuatro áreas que consideramos más prioritarias, aunque en realidad, todas lo son.

Las áreas que cubriré serán, por este orden: exclusión social, educación, dependencia y discapacidad y puntos de encuentro familiar. Las dos primeras porque concentran entre las dos un 80% de las quejas recibidas en la institución y las dos siguientes porque responden a situaciones que consideramos no están bien resueltas en la Comunidad de Madrid y merecen una atención especial.

Comenzaremos por el área de Exclusión social, que preocupa especialmente al grupo de Unión Progreso y Democracia, no solo en el ámbito de los menores.

Estamos de acuerdo con el informe en la grave y preocupante repercusión que la crisis económica que vivimos desde 2008 está suponiendo en el desarrollo normal de la vida de los menores y de sus familias. Esto se está traduciendo en un aumento de las situaciones de pobreza con el consiguiente problema de exclusión social derivado de ellas.

Y es que, señorías, las desigualdades sociales en nuestra Comunidad han crecido en los últimos años de manera alarmante. La Comunidad de Madrid es peculiar en esto, ya que teniendo un índice medio de pobreza moderada (inferior en cualquier caso a la media nacional) y ser una de las regiones con mayor renta media de España, presenta altos índices de desigualdad social si la comparamos con el resto de Comunidades Autónomas.

Y es aquí donde el gobierno regional tiene que reflexionar si sus políticas contribuyen a aumentar o reducir la desigualdad social en nuestra Comunidad. Nosotros creemos que las aumenta.

Estamos muy de acuerdo con el informe en que es especialmente importante en estos momentos que se realice una “coordinación de todos los servicios intervinientes en materia de protección de menores”, lo que se consigue mediante una coordinación interdisciplinar y territorial

En este área de exclusión social, consideramos importante también que nos fijemos en las infraviviendas existentes en la Comunidad de Madrid y especialmente en la Cañada Real. Según el último censo del IRIS del que disponemos, 2.100 personas viven en unas 597 chabolas en nuestra región. Sobre todo porque el mismo informe considera de grave la situación que padecen los menores que viven en los poblados chabolistas de nuestra región.

Estamos de acuerdo con el informe en que es necesario impulsar los trabajos que se promovieron y coordinaron en su momento para abordar la situación de los núcleos chabolistas en la Cañada Real con la participación de los municipios de Coslada, Rivas y Madrid, la administración autonómica y las asociaciones que trabajan en la zona. Y es que en esta zona de Madrid se producen importantes carencias que afectan de manera singular a los menores, como las mencionadas situaciones de riesgo de exclusión, condiciones precarias de habitabilidad, absentismo escolar, transporte de menores escolarizados, empadronamiento, etc., que precisan de una aproximación global que implique a todos los agentes involucrados.

Asimismo nos gustaría conocer en más detalle, aunque se refiere a un periodo posterior al del informe, su opinión sobre los efectos que tendrá sobre los menores en situación de riesgo de exclusión en la Cañada Real de la Ley aprobada a finales de la pasada legislatura.

En relación a la Educación, que como he dicho, acumula una parte muy importante de las quejas recibidas por esta institución, lo prioritario ahora es lo más básico: garantizarla. Es imprescindible que se proteja adecuadamente el derecho a aprender de los menores que está siendo seriamente lesionado. La situación de conflicto que actualmente estamos viviendo está perjudicando claramente a los alumnos que cursan sus estudios en la enseñanza pública y de manera dramática a aquellos que se examinarán de selectividad el año que viene.

Por eso, desde el grupo de UPyD le solicitamos una vez más al Gobierno regional que se siente con los representantes de los profesores y lleguen a un acuerdo en beneficio de los alumnos.

Dentro de Educación, el apartado que recoge más quejas del informe es el relacionado con la convivencia en los centros educativos. Nos congratulamos que a juicio del Defensor se esté produciendo una evolución positiva en la forma en la que son abordados estos conflictos por la comunidad educativa. Nos preguntamos si podemos hacer más desde la Asamblea para contribuir a que esta evolución se acelere.

Nos preocupa también el aumento de las situaciones de ciberacoso que destaca el informe y que va más allá del entorno educativo, ya que las redes sociales, por ejemplo, configuran en la actualidad un nuevo modelo de interacción social especialmente popular entre los adolescentes. En nuestra opinión, el informe se queda algo corto en las recomendaciones de acciones para prevenir o solucionar estas situaciones, aunque ya podemos intuir que se trata de situaciones especialmente complejas. Dicho esto, nos parece muy positiva la labor de concienciación e información a la sociedad que lleva a cabo la institución del Defensor del menor y especialmente la publicación de “Ciberbullying, guía de recursos para centros educativos en casos de ciberacoso”, acerca de la cual hemos recibido comentarios muy positivos.

Relacionado con la convivencia educativa nos gustaría conocer los efectos que a juicio de su institución ha tenido el reconocimiento de la autoridad pública del profesor, mediante la Ley de Autoridad del profesor aprobada en junio del año pasado, ya que el informe se limita a saludarla como “razonablemente oportuna y conveniente para nuestro sistema educativo”. Tenemos mucho interés en conocer cuál es su opinión una vez que se ha puesto en marcha esta Ley.

En lo que se refiere a Dependencia y discapacidad, el informe reitera lo que ya decía en el Informe de 2009 respecto a las dilaciones excesivas para hacer efectivas dichas prestaciones. Y es que el informe de 2010 dice, de manera tímida que “aunque no se superen los plazos normativamente previstos, lo deseable siempre es que la Administración resuelva las solicitudes en el menor tiempo posible”. Lo que nosotros traducimos de manera clara y contundente que un plazo de un año y medio a dos años (que es el plazo que estimamos se está produciendo en la actualidad para que una solicitud de dependencia sea resuelta), es absolutamente intolerable y es imprescindible que el Gobierno regional se ponga las pilas en Dependencia y solucione este problema de una vez.

Y es anecdótico, pero el informe recoge en este apartado casi las mismas palabras que el año pasado (se trata prácticamente de un copia y pega del informe anterior); y como estamos seguros que la razón no es la falta de diligencia en la redacción, creemos que certifica nuestro convencimiento de que este problema sigue sin resolverse y que la administración regional no ha hecho lo suficiente para solucionarlo.

En relación a los Puntos de Encuentro familiar, nos alegra compartir con este Defensor la necesidad de que exista un marco jurídico nacional que homogeneice la actuación de los Puntos de encuentro. En este tipo de propuestas solemos quedarnos solos defendiendo la igualdad de derechos en toda España y por lo que he visto, el grupo popular también lo ha apoyado en el pasado. Cuenten con nuestra colaboración en este sentido para promover la existencia de un marco normativo común para todas las Comunidades Autónomas.

También nos gustaría mencionar la descoordinación territorial existente dentro de la Comunidad que hemos encontrado en esta materia y que tiene como consecuencia que los usuarios más frágiles del proceso, los niños, reciban un servicio que en algunos casos no cumple con sus objetivos. Así lo demuestran muchas de las quejas recibidas. Y es que también consideramos que es necesaria, al menos, una sola normativa para los 23 puntos de encuentro familiar existentes en la Comunidad, algunos de los cuales están gestionados por la Comunidad y otros por distintos Ayuntamientos. En cualquier caso, consideramos que la Comunidad de Madrid debería entrar decididamente en este asunto ya que el mandato de la Ley de Garantías de los Derechos de la infancia y la adolescencia de la Comunidad de Madrid es claro, ya que dice en su artículo 50.3: “Será responsabilidad de la Comunidad Autónoma la planificación, supervisión y coordinación de la Red de atención a la infancia integrada en el Sistema Público de Servicios sociales de la Comunidad de Madrid”

Por otro lado, en el grupo de UPyD confiamos que la Comisión de Estudio de duplicidades actualmente en marcha entre de lleno también en los puntos de encuentro y encuentre solución a la confusión de competencias que se produce en una materia tan sensible.

Nos gustaría cubrir otras áreas de importancia en el informe, como las adicciones, el acogimiento familiar, la responsabilidad penal de los menores, la salud o tantas otras, pero no disponemos de mucho más tiempo y ya tendremos ocasión de analizarla conjuntamente en otra ocasión en Comisión.

Termino señor Canalda, ofreciéndole la colaboración y el apoyo de mi grupo y el mío personal para ayudarle a conseguir unos objetivos que son de todos. Muchas gracias
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Sobre la situación de la discapacidad en Comisión

Como ya os adelantaba ayer, la Comisión del martes tuvo una segunda parte que consistió en una Comparecencia del Presidente del CERMI Madrid, Javier Font, y la posterior intervención de las distintas fuerzas políticas representadas en la Asamblea. Podeis acceder a la grabación de toda la sesión aquí.

A continuación encontrareis el texto de mi intervención:

Gracias señor Presidente. En primer lugar quiero dar la bienvenida al señor Font y agradecerle su cariñosa bienvenida, igualmente que a las personas de CERMI que le acompañan. Es un placer contar con su liderazgo en esta comisión.

Nosotros, al contrario que el resto de miembros de esta Comisión, somos unos recién llegados a la política madrileña. Y tengo que decir que llegar nuevo a un sitio, tiene sus ventajas y sus inconvenientes.

Empezaré por los segundos. No haber asistido a la discusión impide conocer muchas de las cosas que se han hablado con anterioridad en esta Comisión. Y por eso pido excusas de antemano si comento algo que vaya en este sentido. Pero casi nada es irremediable en esta vida y por eso he leído todas las comparecencias de esta Comisión desde su constitución en 2009, para así hacerme una idea de lo que se ha conseguido y lo que no. También he leído sus comparecencias, señor Font, para prepararme mi intervención de hoy.

En cuanto a las ventajas, van en la línea de lo que un diputado del PP comentó en el pleno del pasado jueves, en el que nos dijo que parecía que veníamos de Marte. Yo eso lo veo como la gran ventaja de mi grupo de UPyD, que no estamos institucionalizados y por tanto somos capaces de ver cosas que al resto de grupos les pueden pasar desapercibidas. Y si a alguno le parecemos marcianos, a mí, por lo menos, me parece que algo estamos haciendo bien. Hacen falta en la política española nuevas visiones de cómo hacer las cosas.

El señor Font ha destacado algunas de las insuficiencias que el modelo de Comisión ocasionan y que impiden que se cumplan los objetivos que estoy seguro que todos los grupos tenemos: contribuir a hacer de la discapacidad un asunto vital de la agenda política madrileña. Desde aquí mi colaboración a estirar el reglamento lo que haga falta para conseguir que la Comisión cumpla los objetivos para los que nació. Nos parecen razonables las propuestas del Sr. Font para mejorar esta Comisión. Y lo apoyaremos donde haga falta.

Aprovecho también su presencia, señor Font, para comentar las políticas generales de mi grupo sobre discapacidad, ya que en la Comisión conjunta de septiembre no pude hacer referencia a las mismas por falta de tiempo.

Decirle que suscribimos casi al cien por cien sus propuestas: mantenimiento del estado de bienestar, estado de las subvenciones, pacto con el Gobierno, III Plan de Acción de la discapacidad, descoordinación territorial, etc. Si eso fuera un Manifiesto, lo firmaría.

Éste es un área por naturaleza transversal que implica materias de Asuntos Sociales, Educación, Sanidad, Transporte, Empleo, etc. Es importante resaltar que en la Comunidad de Madrid, según la encuesta EDAD 2008, residen en la actualidad unas 445.000 personas con discapacidad, lo que representa un 7,2% del total de la población madrileña.

En nuestro grupo parlamentario reconocemos el trabajo realizado en Discapacidad en la Comunidad de Madrid en los últimos años, con especial mención a la Ley de Servicios Sociales de 2003, que consideramos una ley muy positiva y que también consideramos que precisa de una actualización.

También me gustaría destacar al colectivo de representantes de la discapacidad y a su movimiento asociativo, alguno de los cuales está hoy presente aquí y que sin cuya participación no hubiera sido posible alcanzar los objetivos conseguidos.

Pero queremos más y por eso promoveremos la participación de las personas con discapacidad y de sus asociaciones, en el estudio, propuesta de soluciones, planificación y seguimiento de todas las políticas integrales dedicadas al colectivo.

Consideramos también necesario distinguir entre discapacidad y dependencia, promoviendo planes concretos para cada uno de los dos colectivos. Sobre todo una vez que la Ley de Dependencia fue aprobada en el 2006. Nuestra formación, apuesta además decididamente por la promoción de la Autonomía Personal y la permanencia en el entorno familiar, para lo que es imprescindible garantizar: las ayudas técnicas necesarias, la ayuda a domicilio y la promoción de la Asistencia Personal y de las Oficinas de Vida Independiente

La normalización no es posible sin unas políticas adecuadas de integración laboral. Para ello es necesario promover nuevas medidas de inserción laboral con el objetivo de mejorar la visibilidad de las personas que conviven con una discapacidad, revisando el catálogo de ayudas e incentivos al empleo ordinario, centros especiales de empleo y empleo autónomo, servicios de orientación y asesoramiento al empresario, etc.

Es imprescindible el Impulso al reconocimiento de la figura del Asistente Personal; delimitando sus funciones y creando un perfil profesional y académico; así como los cambios legales que favorezcan la creación de Oficinas de Vida Independiente, con financiación pública, pero gestionados por el colectivo de personas con discapacidad.

Finalmente, trabajaremos en contribuir a hacer realidad la visibilidad individual de las personas con discapacidad y de sus necesidades, la integración en el entorno sin diferenciación y la mejora de las condiciones de accesibilidad en la vida diaria.

Precisamente en el área de accesibilidad me gustaría detenerme hoy un poco. Me gustaría hacerlo en otras pero el tiempo es limitado. Nosotros consideramos que en una Comunidad mayoritariamente urbana como la nuestra, las ciudades necesitan disponer de planes específicos de accesibilidad para garantizar una buena calidad de vida a los vecinos con discapacidad y que haga realidad la movilidad universal en todos los rincones de la ciudad, y que afectan al urbanismo y los espacios públicos, las edificaciones, los transportes y los sistemas y medios de comunicación. También nos sorprende, como usted ha indicado, que no haya habido sanciones en 14 años en asuntos de accesibilidad en la Comunidad de Madrid.

Hay casos muy flagrantes cometidos, por ejemplo, en el mayor ayuntamiento de nuestra Comunidad, como son el Eje Prado Recoletos o Madrid Río, como ha puesto de manifiesto nuestro grupo de Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Madrid, que hacen en algunos casos que el espacio público sea un recorrido intransitable para personas en silla de ruedas.

Hasta que una ciudad como Madrid no disponga de un plan de accesibilidad al que ceñirse no se podrá considerar que se haya alcanzado una accesibilidad universal para todos y cada uno de los madrileños, con y sin discapacidad». Deberemos trabajar para que la accesibilidad universal sea una realidad en nuestra Comunidad

Para concluir, también me gustaría poner de manifiesto la necesidad de visibilidad de la discapacidad y lo haré poniendo como ejemplo algo que ocurrió en esta Comisión hace 3 semanas. La portavoz del PP contestó al comentario que había realizado la portavoz del PSOE respecto a lo escueto del programa del PP en relación a servicios sociales, incluyendo a UPyD en su respuesta. No sé qué vela nos había dado en ese entierro, pero eso fue lo que ocurrió. Y es que la señora Redondo se refirió (leo el Diario de sesiones) a que “el programa de discapacidad de UPyD son 2 palabras en 2 páginas de power point; eso es lo de UPyD”. Yo la verdad no entendí nada, porque aunque pudiera parecer extraño para un partido tan modesto en medios como el nuestro, lo cierto es que el programa de UPyD es más extenso en esta área que el del PP (el nuestro tiene casi 2.000 palabras, el del PP, 1.000).

Y no crean, señorías, me costó darme cuenta de qué era lo que pasaba. Y es que la confusión era precisamente la consecuencia de una iniciativa de Discapacidad. Resulta que un afiliado de UPyD nos había propuesto que además del Programa convencional, preparáramos en powerpoint una versión de “fácil lectura” para personas con “capacidad intelectual límite”, con los puntos esenciales del programa, que les ayudara a decidir por sí mismos y no sólo influidos por su entorno cercano. Como nos pareció una idea magnifica, la pusimos en marcha. Y es la versión que tengo aquí. (la enseño). Y les anuncio que haremos algo parecido ahora en las elecciones generales porque nos parece una buena práctica y ojalá fuéramos capaces de incluir otros formatos.

Esa es la versión que por lo que parece, leyó su señoría y no el programa en su integridad que le envié a la finalización de dicha Comisión. No, señora Redondo, tenemos bastantes más propuestas y seguro que desde que estamos presentes en la Asamblea tendremos muchas más.

Termino señor Font, ofreciéndole la colaboración y el apoyo de mi grupo y la mía personal para conseguir que esta Comisión funcione como a todos nos gustaría y deseamos verle mucho por aquí. Muchas gracias
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Sobre Magerit en Comisión

Hoy hemos tenido Comisión de Políticas integrales de la discapacidad en la Asamblea de Madrid, en la que ha habido dos comparecencias. La primera, realizada con el Gerente del Servicio Regional de Bienestar Social, Américo Puente, sobre Magerit; y la segunda, por el Presidente del CERMI Madrid, Javier Font, sobre la situación de la Discapacidad en Madrid. Como siempre, cuelgo mis intervenciones aquí, empezando hoy por la del caso Magerit y dejando para mañana la de Discapacidad.
Anunciaros que la intervención de Javier Font ha sido impecable y ha puesto encima de la mesa gran parte de los problemas que tiene la discapacidad en Madrid y en España. En cuanto disponga de ella, la colgaré en este blog también
Gracias Señor Presidente. En primer lugar quiero dar la bienvenida al Gerente del Servicio Regional de Bienestar Social por haber tenido la amabilidad de acercarse hoy a esta Comisión para exponernos la situación del Centro Magerit.

Asimismo quiero saludar a representantes de las personas afectadas que hoy también nos acompañan y que han dado un extraordinario ejemplo de coraje y ciudadanía. Y es que querría comenzar reconociendo públicamente a los alumnos, docentes, personal especializado y familiares de Magerit. Habéis dado un ejemplo de valentía cívica al luchar por el mantenimiento del centro Magerit, el cual aglutina un centro de día con talleres ocupacionales, en un espacio público que permite desarrollar las capacidades del alumno que tiene menos nivel con el que podría trabajar en un centro especial de empleo. La fórmula conjunta de dos centros en uno sólo, como es Magerit, permite una óptima integración a distintos niveles de capacidades.

Como ya hicimos en la comparecencia del Consejero, reconocemos de nuevo y le felicitamos, por haber solucionado un problema que heredó de la anterior Consejería. Y además por haberlo hecho escuchando a los ciudadanos y reuniéndose con los afectados.

Que un grupo de personas se encierre durante 136 días en un centro como el Magerit para defender unos derechos que consideraban vulnerados nos indica del lado de quién debemos estar.

Una vez dicho esto, que se haya puesto remedio parcial al problema generado no significa que no debamos continuar trabajando sobre muchas de las interrogantes que todavía quedan abiertas.

Y es que la argumentación que escuchamos de palabras del Consejero fue que la situación del edificio no permitía otra solución que hacer lo que se hizo, es decir el cierre precipitado del centro y el traslado de sus residentes de manera no planificada. Y es que el desencadenante del cierre del centro de la noche a la mañana se contenía en una supuesta amenaza de ruina contenida en un informe de Euroconsult. Yo lo tengo aquí y en ningún momento dice nada parecido a lo que ustedes dijeron que decía. El mismo subraya diferentes patologías y deficiencias del edificio, que demandaban obras de rehabilitación y en el que solo se requería que se prohibiera el acceso en el cuarto de costura y el del sindicato CSIF del edificio de Águeda Díez. Me gustaría saber cuántos edificios de la Comunidad de Madrid no se encuentran en una situación parecida al de Magerit.

Nuestro grupo entiende que se podían haber hecho las obras de restauración oportunas de acuerdo a las recomendaciones del informe, sin comprometer el uso y sin tener que recurrir al cierre total. La configuración del edificio, con distintas secciones, entradas y dependencias, además, así lo permitía. Pero ustedes decidieron realizar el cierre de la noche a la mañana.

Posteriormente, esa supuesta amenaza de ruina ha sido desmentida (de nuevo) por el informe del CEDEX, del cual solo conocemos sus conclusiones y las declaraciones realizadas por el Consejero. Por eso le requeriremos formalmente copia de dicho informe.

Pero es que incluso, en el caso de que hubiera habido un riesgo inminente de ruina, ¿no hubiera sido más razonable comunicárselo al AMPA y a los trabajadores, con el fin de que conocieran la situación de riesgo, en lugar de realizar el desalojo de esa manera tan apresurada? Que hayan encontrado una solución en el centro Juan Ramón Jiménez demuestra que el diálogo es positivo y el apresuramiento no conduce a nada bueno.

¿Y es que han medido el sufrimiento ocasionado a los residentes por la precipitación en el cierre? Hay efectos que serán ya irreversibles en personas muy sensibles a cualquier cambio en su entorno, compañeros y rutinas. De hecho, una vez que se ha encontrado solución al problema y a pesar del tiempo transcurrido, un 75% de los usuarios han manifestado su deseo de reunirse todos en un mismo centro. Lo que pone de manifiesto la importancia que siempre le han dado a la continuidad del colectivo formado en Magerit

En la reunión del mes de mayo con el secretario general técnico, Jesús Vidart, y el director de recursos junto con el AMPA y la plataforma de afectados, nos informan que se reconoció una cantidad de 2 millones de euros que se dedicarían a la adecuación de los edificios, que, supuestamente, estaban en ruina. ¿Es esto cierto? Nos gustaría saber ¿dónde está la partida del centro Magerit? ¿Por qué no se emplea ese dinero en Magerit para su reapertura?

La adecuación al colegio Juan Ramón Jiménez de Leganés, requiere de la instalación de sistema contraincendios, el mismo que Magerit. Magerit no necesita de rampas de acceso a discapacitados, ni ascensor (como el de Leganés), puesto que ya lo tiene. Nos preocupa todo el coste que supone el movimiento de allá para acá de materiales, maquinaria de taller, equipos de aire acondicionado nuevos, mobiliario, el empleo de vigilantes de seguridad privada para la custodia de edificios, etc.

También nos gustaría saber cuáles son las obras que se están realizando en el centro Magerit para adecuarlas a las recomendaciones del informe de Euroconsult, así como el plan y calendario previsto para su reapertura.

Le requerimos a que en el presupuesto del 2012 se destine una partida específica para que se reabra Magerit a los alumnos que integraban este centro, junto a sus trabajadores y a todas aquellas plazas que existan en lista de espera.

Finalmente nos gustaría recordar lo que declaró el Consejero en sede parlamentaria en esta Comisión: que Magerit se seguirá destinando a usos sociales. Esperamos, además, que la reapertura mantenga el carácter público del centro Magerit.

Para ir concluyendo, me he referido a los dos centros (Magerit y Juan Ramón Jimenéz) con sus respectivos nombres pero me gustaría resaltar que las familias, trabajadores y alumnos tienen interés en mantener la denominación de Magerit también en Leganés para el centro de Leganés como una manera de dar continuidad al Centro Magerit de Oporto y que el posterior traslado de los residentes al centro Magerit original no suponga un cambio en la denominación del centro de acogida

Termino, señor Puente, ofreciéndole la colaboración de mi grupo y la mía personal para trabajar en vías de diálogo y participación con todos los interlocutores sociales y afectados que permitan poner fin a un problema que nunca tenía que haberse producido. Muchas gracias
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Con la Federación Autismo Madrid

El pasado viernes tuve el placer de asistir junto a mi compañera de UPyD y Concejal del Ayuntamiento de Madrid, Cristina Chamorro, a la entrega de premios del I Concurso de Relatos “Cuéntame el Autismo” en el Centro de Día y Hogares de la Asociación CEPRI de Madrid, y organizado por Autismo Madrid. Fue una jornada muy bonita en la que además de los políticos de rigor (Ayuntamiento de Madrid, Asamblea y Gobierno de la Comunidad), pudimos asistir a la lectura del Manifiesto de las personas con autismo que leyeron tres alumnos del Colegio EE específico de Autismo.

El acto propiamente dicho consistió en la lectura de los cuentos ganadores por parte de las dos actrices Nadia de Santiago y Carolina Bang. Aquí tenéis un enlace a los relatos. Merece la pena echarles un vistazo. La lectura emocionó a las lectoras y a todo el público asistente. Y es que hay pocas maneras mejores de expresar las emociones que vivir los sentimientos que madres y familiares ponen sobre el papel para compartirlos con los demás. Parece que fue una idea de Loli Enrique, Presidenta de la Federación Autismo de Madrid y se trata de una fantástica idea.

Además del acto, conocimos a personas con autismo, el centro donde pasan el día, la residencia, etc. Lo que nos permitió hacernos una idea de su día a día y de sus necesidades, que son muchas. También del trabajo excelente que se hace con estos chico, Próximamente dedicaremos una entrada a conocer un poco mejor el autismo.

Solo quiero dar las gracias a Loli, Christian y resto de personas de Autismo Madrid por invitarnos a vivir esa jornada tan especial. Os dejo el texto íntegro del Manifiesto de las personas con autismo, que leyeron tres alumnos del Colegio EE específico de Autismo durante la entrega de los premios. Es importante que lo leais con detenimiento:

Entre los derechos más importantes que hoy queremos recordar a nuestros políticos, administradores y sociedad en general, destacamos:


1.Las personas con autismo tenemos derecho a llevar una vida independiente y a desarrollarse en la medida de sus posibilidades.


2.Las personas con autismo tenemos derecho a un diagnóstico precoz y una evaluación clínica precisa, accesible y sin prejuicios.


3. Las personas con autismo tenemos derecho a una educación accesible a todos y apropiada.


4.Las personas con autismo, o sus representantes, tenemos el derecho a participar en cada decisión que afecte a su futuro. Los deseos del individuo, en la medida de lo posible, deben ser reconocidos y respetados.


5.Las personas con autismo debemos tener pleno derecho al acceso a la cultura, a las distracciones, al tiempo libre, a las actividades recreativas y deportivas y de poder gozarlos plenamente.


6.Las personas con autismo tenemos derecho a utilizar y aprovechartodos los equipamientos, servicios y actividades puestos a disposición del resto de la comunidad.


7.Las personas con autismo tenemos derecho a percibir un ingreso o un sueldo que le alcance para alimentarse, vestirse y alojarse adecuadamente así como también cualquier otra necesidad vital.


8.Las personas con autismo tienen derecho a no ser sometidos al miedo ni a las amenazas de un internamiento injustificado en un hospital psiquiátrico o cualquiera otra institución cerrada.


9.Las personas con autismo tienen derecho a participar, en la medida de lo posible, al desarrollo y la gestión de los servicios existentes destinados a su bienestar.


10. Las personas con autismo tienen derecho a no estar sometidos a maltratos físicos ni de padecer carencia en materia de cuidado.


Creemos firmemente en estos derechos y queremos expresarlos, defenderlos y hacerlos públicos, hoy aquí, y confiamos en que su defensa será tarea no sólo de las personas con autismo y sus familias, sino de la sociedad donde vivimos y de los políticos que elegimos para su gestión.


Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en este camino.
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